Quarantasette associazioni e organizzazioni di amicizia e solidarietà con il popolo Saharawi e altre organizzazioni sociali, politiche e sindacali dell'America Latina e dei Caraibi.
Si sono rivolte al Ministro dell'Uguaglianza del governo spagnolo, Irene Montero Gil, attraverso l'Ambasciata di Spagna nella capitale ecuadoriana.
Hanno chiesto al governo spagnolo il dovere di protezione con i suoi cittadini saharawi nel Sahara occidentale occupato.
Soprattutto nel proteggere la famiglia dell'attivista per i diritti umani Sultana Khaya, in base al diritto internazionale e umanitario.
Hanno espresso la loro costernazione e impotenza per le gravi, persistenti e sistematiche violazioni dei diritti umani delle donne sahrawi nei territori occupati da parte delle forze di sicurezza del Regno del Marocco.
Anche una situazione che si è aggravata dal novembre dello scorso anno, a seguito della rottura del cessate il fuoco, in vigore dal 1991.
Hanno esortato ad agire in merito e a contribuire con decisione a porre fine a questa realtà dolorosa e angosciante.
Hanno sottolineato che un'omissione di questa natura genererebbe una responsabilità internazionale nei confronti dello Stato spagnolo davanti agli organi di controllo dei trattati e alle corti internazionali di giustizia, per il mancato rispetto dei suoi obblighi di rispetto, protezione e garanzia dei diritti umani.
Il testo inviato al ministro Montero Gil è il seguente:
Ref.: Situación de los derechos humanos de las mujeres saharauis en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental, en especial la de Sultana Jaya y su familia.
Señora
Irene Montero Gil
Ministra de Igualdad
Madrid, Reino de España.- Estimada señora Ministra:
El movimiento latinoamericano y caribeño de amistad y solidaridad con el pueblo saharaui y otras organizaciones sociales, políticas y sindicales, se dirigen a usted, en medio de la consternación e impotencia ante las graves, persistentes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las mujeres saharauis en los Territorios Ocupados por las fuerzas de seguridad del Reino de Marruecos. Situación que se ha profundizado desde noviembre del año pasado, como consecuencia de la ruptura del alto el fuego, vigente desde 1991.
Como es de su conocimiento, señora Ministra, las autoridades marroquíes deniegan permanentemente las visitas o misiones médicas y/o jurídicas a las ciudades saharauis ocupadas, así como impiden el desplazamiento de periodistas o medios de comunicación para efectuar coberturas independientes en el Sáhara Occidental, antigua provincia española, bajo ocupación marroquí.
No obstante, diversas organizaciones regionales e internacionales de derechos humanos, así como agencias de prensa, reciben cotidianamente múltiples denuncias documentadas, desde El Aaiún, Dajla, Bojador y otras poblaciones saharauis, sobre los continuos atropellos, desalojos, requisas, golpizas, malos tratos y tortura a los detenidos, invocación de normas penales contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos, denegación de juicios justos y, acoso y abusos sexuales a mujeres saharauis que resisten pacíficamente a la ocupación marroquí, ilegal e ilegítima, contraria a la legalidad internacional.
Como es de su conocimiento, señora Ministra, “corresponde al Ministerio de Igualdad la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de igualdad y de las políticas dirigidas a hacer real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres, la prevención y erradicación de las distintas formas de violencia contra la mujer y la eliminación de toda forma de discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación sexual, identidad de género, edad, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Entre las funciones del Ministerio de Igualdad, bajo su responsabilidad, “le corresponde, en particular, la elaboración y desarrollo de las normas, actuaciones y medidas dirigidas a asegurar la igualdad de trato y de oportunidades, especialmente entre mujeres y hombres, el fomento de la participación social y política de las mujeres, y la prevención y erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer”.
Como es de su conocimiento, señora Ministra, la Audiencia Nacional mediante autos de abril 15 y junio 4 del 2014 afirmó que “España de iure, aunque no de facto, sigue siendo la Potencia Administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas; entre ellas, dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso, para lo cual debe extender su jurisdicción territorial para hechos como los que se refieren en la querella a que se contrae el presente procedimiento”.
Desde el punto de vista del Derecho internacional, las obligaciones jurídicas de España para con los y las ciudadanas saharauis no ha variado, pues el Sáhara Occidental considerado “Territorio No Autónomo”, se encuentra bajo mandato del Comité Especial de Descolonización y la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, simplemente, porque el proceso de descolonización no ha concluido, tal como lo sostienen múltiples resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y, recientemente, las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea.
Por ello, señora Ministra, el movimiento latinoamericano y caribeño de amistad y solidaridad con el pueblo saharaui y otras organizaciones sociales, políticas y sindicales, le hacen un llamado para que el deber de protección que el Estado español mantiene con sus ciudadanas debe hacerse extensivo a las mujeres saharauis en los Territorios Ocupados, en especial a Sultana Jaya y su familia, que llevan más de 380 días de arresto domiciliario de facto y que han sido salvaje e inhumanamente vejadas por las fuerzas de seguridad marroquíes, en medio de la más absoluta impunidad e inacción de la comunidad internacional para detener estas atrocidades y someter ante la justicia a los responsables.
Señora Ministra, respetuosamente, el movimiento latinoamericano y caribeño de amistad y solidaridad con el pueblo saharaui y otras organizaciones sociales, políticas y sindicales le instan a tomar cartas en el asunto y contribuir de manera decidida a poner término a esta dolorosa y angustiante situación, cuya omisión le generaría responsabilidad internacional al Estado español ante los órganos de supervisión de los tratados y tribunales de justicia internacional, por incumplimiento de sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Suscriben:
1. Amigos por un Sáhara Libre - México
2. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Argentina
3. Asociación Americana de Juristas, Rama Argentina
4. Asociación Chilena de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Chile
5. Asociación Colombiana de Amistad con el Pueblo Saharaui (ACOLPS), Colombia
6. Associação de Solidariedade e pela Autodeterminação do Povo Saaraui (ASAARAUI), Brasil
7. Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui (AEAPS), Ecuador
8. Asociación Internacional de Juristas para el Sáhara Occidental (IAJUWS Ecuador)
9. Asociación Latinoamericana de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)
10. Asociación Mexicana de Amistad con la República Árabe Saharaui A.C. (AMARAS), México
11. Asociación Nicaragüense de Solidaridad y Amistad con el Pueblo Saharaui (ANSAPS), Nicaragua
12. Asociación Panameña de Solidaridad con la Causa Saharaui (APASOCASA), Panamá
13. Asociación Uruguaya de Amistad con la República Saharaui, Uruguay
14. Asociación Venezolana de Solidaridad con el Sáhara (ASOVESSA), Venezuela
15. Brigada Venezolana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Venezuela
16. Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (CBDHDD), Bolivia
17. Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y Lucha por la Paz (CEBRAPAZ), Brasil
18. Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Ecuador
19. Centro Internacional de Estudios para la Descolonización “Luis Antonio Bigott”, Venezuela
20. Colectiva Ana de Peralta (Tungurahua), Ecuador
21. Colectivo de Derechos Humanos Kintiñan, Ecuador
22. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), República Dominicana
23. Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui, Argentina
24. Comité de Cooperación Latinoamericano - Saharaui, Argentina
25. Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz (COSI), Venezuela
26. Comité Ecuatoriano de Amistad y Solidaridad con Bolivia, Ecuador
27. Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT), Ecuador
28. Consejo de Gobierno del Pueblo Kitu Kara, Ecuador
29. Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia (CPAZ), Ecuador
30. Corporación para la Promoción Cultural y Turística (PROCULTUR), Ecuador
31. Frente Popular, Ecuador
32. Fundación Constituyente XXI, Chile
33. Fundación Desafío, Ecuador
34. Fundación Sáhara Libre-Venezuela
35. Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), Argentina
36. Movimiento Nacional de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente, Ecuador
37. Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (MoPaSSol), Argentina
38. Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Brasil
39. Periódico Werken Rojo, Chile
40. Programa Radial “Trazos de Nuestra Identidad”, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ecuador
41. Red Ciudadana Bolivia con el Sahara, Bolivia
42. Sahrawi Association in the USA (SAUSA), Estados Unidos de América
43. Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Justicialista (Departamento Rosario), Argentina
44. Secretaría Técnica del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Ecuador
45. Social TV, Chile
46. Unión Nacional de Educadores (UNE), Ecuador
47. Voz del Sáhara Occidental en Argentina
